South America Economy

Por qué una ley de extinción de dominio

El mundo es hoy un lugar más desarrollado, sí, mejor conectado, más informado, pero paradójicamente, el mundo es hoy un lugar más peligroso, multipolar, asimétrico en donde el crimen organizado transnacional ha ido mutando hasta posicionarse como actor político con capacidad de ejercer poder y modificar la correlación de fuerzas internacionales.

Enfrentamos nuevas amenazas, o amenazas que cada día parecen más graves que cuando recién aparecieron sus primeras manifestaciones. Particularmente, en materia felony, tenemos muestras muy claras, como el tráfico internacional de drogas, armas y seres humanos; los delitos financieros y LA CORRUPCIÓN.

El mundo enfrenta una perversa inversión de la primacía de la política sobre la economía, que conlleva un debilitamiento de las barreras jurídicas, morales y éticas socialmente legitimadas, que frenan y regulan la actividad de los individuos. En este contexto, las fuerzas ajenas a estos límites actúan sin reparo y recurren a cualquier medio para alcanzar sus propios fines.

Poderosos flujos de intercambio entre conglomerados humanos y espacios geográficos recorren el globo de manera transversal y casi que libremente, influenciando la realidad y las relaciones de poder subyacentes.

En cualquier ciudad del mundo, y en todas las ciudades de América Latina, en unas más que en otras, se suele confundir los síntomas con las causas de la disaster sistémica que enfrentamos. Las marejadas humanas de migrantes irregulares sometidos a toda clase de ultrajes y depauperados hasta la indignidad, niños, niñas y adolescentes explotados comercialmente con fines sexuales y/o laborales. Mujeres engañadas y privadas de su libertad, sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, so pretexto de una vida de oportunidades y empleo. La humareda acre de los disparos, las humanidades desgarradas y desparramadas por las calles de las ciudades, las incautaciones mediáticas y ruidosas de los ripios de drogas, dinero y armas, los sicarios cada vez más audaces y descarados, mejor equipados y armados de la mano de la tecnología, no son más que síntomas.

La causa verdadera y última reside en el hecho de que desafortunadas gestiones de Gobiernos corruptos, con funcionarios enriquecidos sin justificación alguna, vienen asegurando y afianzando los términos de la ecuación polinómica que resuelve esa mutación tóxica: el posicionamiento geoestratégico del CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL como entidad de poder político y mercantil en el mundo en normal y en el istmo centroamericano en explicit; la corrupción como moneda de cambio legitimada desde el poder político y la mercantilización de la política y de los políticos degradados.

Enfocándonos en la corrupción particularmente, es preciso señalar que la criminalidad organizada transnacional viene definida por no pocos, como un fenómeno de flujos. Es decir, como un fenómeno sin territorio específico. Quienes así lo hacen, cometen un grave error de valoración. Convierten en su esencia lo que en realidad es una de sus manifestaciones más sobresalientes: su enorme capacidad de adaptación a los flujos que alimenta y de los cuales se alimenta, así como sus ilimitados recursos para corromper Gobiernos.

Por su naturaleza, como forma de poder que le contiende dominio y jurisdicción a esa otra forma de poder que denominamos Estado, la CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL está necesaria y fuertemente, hoy más que nunca, referida a un territorio en el cual ancla su actividad delictiva y a partir del cual explota las infinitas potencialidades que el entorno le ofrece.

Y lo logra, con mayor facilidad, allí donde esa criminalidad organizada de rango world resulta útil para acometer tareas locales, tan impresentables moralmente como imprescindibles en el contexto de instituciones y personas corruptas.

Es esta condición de detentador de poder ilegítimo, enfrentado a los otros detentadores, lo que le atribuye valor y significación geopolítica al crimen organizado que, para proyectarse geoestratégicamente, toma extraordinaria ventaja de la ruptura del equilibrio sano y cohesionador entre política y economía.

La República de Panamá, no es la excepción a un fenómeno de amenaza mundial y peligros regionales, es, en efecto, la parte más estrecha de un embudo de dos mangas en cuyos extremos se posicionan con extrema violencia carteles criminales globalizados, cuyos flujos económicos delictivos -de inmenso poder- circulan de sur a norte y de océano a océano, tomando provecho perverso de nuestra plataforma de servicios y de nuestro obsoleto modelo de competitividad.

Esta realidad es lo que justifica que el programa de Asistencia Authorized en AL y el Caribe (Laplac) y el sostenido esfuerzo de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) nos brinden la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio y contemos con una herramienta que ya se ha probado exitosa en otros países, como Perú, Guatemala, México y Colombia, por mencionar algunos de la región.

La acción de extinción de dominio busca que la titularidad del producto de las actividades ilícitas pase al Estado sin ninguna compensación, es de naturaleza jurisdiccional, de carácter actual y de contenido patrimonial, a consecuencia de actividades ilícitas como crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y delitos contra la administración pública.

Sugiero que no sea oponible la reserva bancaria, cambiaria, bursátil, tributaria ni el velo corporativo. Así como que no haya la posibilidad de que los bienes afectados por la extinción de dominio se legitimen por causa de muerte, y que la misma proceda si los bienes hacen parte de la masa hereditaria o adjudicados en procesos sucesorios.

Urge además la creación del Fondo de Administración de Bienes por Extinción de Dominio, adscrito al ministerio de Economía y Finanzas; para materializar la pronta utilización de recursos en la propia persecución felony y otras necesidades públicas.

Apelo a todos los que comprenden la importancia del tema para ponerlo en la agenda de prioridades de un país que está al punto de no retorno por su muy debilitada institucionalidad y golpear al COT donde más le duele, en las GANANCIAS.

Decana de la Facultad de Derecho de la USMA.

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